El FPV resiste el proyecto de ley para recuperar fondos involucrados con la corrupción

El proyecto de extinción de dominio, impulsado por el Gobierno, que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, encuentra resistencia entre los senadores del Frente para la Victoria (FPV), mayoría en la Cámara alta, por lo que su sanción definitiva podría demorarse.


El tema figura al tope de la agenda del oficialismo y para su tratamiento ya fueron citadas audiencias para el 2, 3 y 4 de agosto. El ministro de Justicia, Germán Garavano, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, pedirán la aprobación de esa iniciativa y de la que amplía la aplicación de la figura del arrepentido, ya prevista para causas por lavado y narcotráfico.


El proyecto del Poder Ejecutivo, modificado en Diputados, dispone la introducción en la legislación argentina de la extinción de dominio, una figura que no apunta contra la persona acusada de un delito sino contra los bienes involucrados en esos casos. Es una acción autónoma de la causa penal, por lo que puede aplicarse antes de que se obtenga la condena.

La iniciativa propone crear una agencia, en el ámbito del Ministerio de Justicia, con la finalidad de "administrar, asignar, rematar y vender los bienes no inmuebles", en tanto los bienes inmuebles serán derivados a la Agencia de Administración de Bienes del Estado, que funcionará bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete.

Los fondos recaudados "serán destinados en partes iguales a programas de transparencia y lucha contra la corrupción, fortalecimiento de las instituciones con competencia en la investigación y persecución de los delitos y la inversión en infraestructura y equipamiento en materia educativa". Es decir, dejarán de pertenecer al Poder Judicial.

El proyecto genera resistencia porque, como pasó en Diputados, el bloque del FPV en el Senado considera que es inconstitucional. Argumentan que no se pueden sustraer los activos hasta tanto la culpabilidad del acusado quede demostrada en sede penal. "Si esto se sanciona así, no se va a conseguir el objetivo porque los jueces la van a declarar inconstitucional", sostuvo el diputado kirchnerista Luis Cigogna.


Para atender a esas críticas, el oficialismo hizo cambios: para avanzar con la extinción de dominio el titular debe estar citado a declarar como acusado en una causa penal. Los senadores del FPV quieren más modificaciones, por lo que la iniciativa volvería a Diputados.

Buzzi, a punto de ir a juicio

RAWSON.- Tras una audiencia preliminar, hoy se definirá la elevación a juicio oral de una causa que involucra a ex funcionarios kirchneristas y al ex gobernador Martín Buzzi, por un crédito por $ 10 millones a la pesquera Alpesca, que estaba en manos del empresario Omar Segundo. En la causa se investiga el préstamo que el gobierno de Buzzi le otorgó al empresario Segundo -procesado en otro expediente por el hallazgo de 110 kilos de cocaína en Poseidón, una empresa que era de su propiedad- y que nunca devolvió. Están acusados Buzzi, la actual diputada Gabriela Dufour y los ex ministros Carlos Eliceche y Pedro Zudaire, entre otros.